(Extraído de artículo del P. Armando Nieto SJ)

“La decisión de desterrar a los jesuitas de España y sus dominios no fue una idea que vino a la mente de Carlos III de la noche a la mañana. Maduró en el grupo dirigente de la monarquía, inspirado por Pedro Rodrí guez de Campomanes que, conociendo lo que había sucedido en Portugal (1759) y Francia (1764), juzgaba posible proceder al extrañamiento de los miembros de la Compañía. Las reales motivaciones fueron muy variadas. Aunque ha sido un lugar común atribuirlas a maniobras de la masonería o de la impiedad, hay que admitir que en el movimiento antijesuítico se juntaron obispos ilustrados y re galistas, togados, manteístas, frailes y burócratas.El pretexto lo dieron, por una parte, las turbulencias del Paraguay y, por otra, el llamado «motín de Esquilache» del 23 de marzo, domingo de Ramos de 1766. En uno y otro caso se descubría la mano de los jesuitas.

El fundamento jurídico de la expulsión fue preparada por Pedro Rodríguez de Campomanes, quien, en su dictamen fiscal, suscrito en Madrid el 31 de diciembre de 1766, acumula acusaciones de toda índole. El dictamen, cabeza de proceso del juicio a los jesuitas, es un documento sumamente extenso; comprende nueve capítulos y 746 párrafos. Campomanes —como lo notan los editores Cejudo y Egido— insiste en dos puntos de relevancia sociojurídica: (1) cualquier delito cometido por un particular debe ser imputado al cuerpo entero de los jesuitas; (2) a «crímenes» colectivos deben corresponder remedios radicales colectivos, el principal y el único de los cuales «será el extraña miento del reino (o la extinción absoluta), puesto que se trata de un cuerpo en el que la sospecha de reforma sería una absurda quimera».Las acusaciones del dictamen se examinaron en la consulta del consejo extraordinario del 29 de enero de 1767. Un mes después, el 27 de febrero, firmó Carlos III en El Pardo, el real decreto de expulsión de los jesuitas «de todos mis dominios de España e Indias, Islas filipinas y demás adyacentes». El decreto fue despachado a «los Virreyes, Presi dentes, Audiencias, Gobernadores, Alcaldes Mayores y otros cualesquiera Justicias de aquellos Reinos y Provincias». Acompañaba al real decreto una minuciosa instrucción, preparada personalmente por el conde de Aranda. Contenía 29 puntos, en los que, con detalle, se precisaban los modos de proceder a la ocupación de los cole gios, noviciados y demás residencias de la Compañía en España y ultramar. La instrucción junta consignas de estrictez y rigor para con los religiosos, impidiendo que se comuniquen por escrito o de palabra «hasta su salida del Reino por mar»; y advertencias humanitarias de buen trato hacia los ancianos y enfermos. Se prohíbe a los encargados de la ejecución del extrañamiento incurrir «en el menor insulto a los religiosos».

 

La expulsión de los jesuitas en el Perú

En el Virreinato del Perú, el presidente de la Audiencia de Charcas, Victorino Martínez de Tineo, fue el encargado de ejecutar el decreto en las casas de Chuquisaca, Potosí, La Paz, Juli, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y misiones de Mojos (de la provincia jesuita del Perú) y en la de Tarija y misiones de Chiquitos (de la del Paraguay). El virrey Manuel de Amat estaba encargado de la ejecución del decreto en las casas de la Audiencia de Lima: Lima, Callao, Cusco, Arequipa, Trujillo, Ica, Huamanga, Pisco y Moquegua. En todas esas casas se procedió al extrañamiento el 9 septiembre.

Los documentos a los que hemos hecho referencia llegaron al palacio virreinal conducidos por un oficial procedente de Buenos Aires el día 20 de agosto de 1767 a las 10 de la mañana. El paquete lacrado fue revisado personalmente por el virrey Manuel de Amat y Junyent. Enterado de su contenido, Amat fijó para la ejecución de la real orden el 8 de setiembre. Con gran secreto convocó a quienes debían participar en el operativo, de modo que en Lima no trascendió nada de lo que iba a ocurrir. Había «gravísimas penas» señaladas para quienes lo revelasen. Como habrían de intervenir tropas de la milicia, el virrey hizo servir una cena especial en palacio con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de Montserrat y allí las entretuvo hasta el amanecer del 9 de setiembre. A eso de las 2 de la madrugada, Amat distribuyó las comisiones para la ocupación de los cuatro edificios de la Compañía en la capital. Estos eran el Colegio Máximo de San Pablo, el Noviciado de San Antonio Abad, la Casa Profesa de los Desamparados y el Colegio del Cercado. El total de las tropas ascendía a más de setecientos hombres. Creemos que tan férreo aparato policial no se había visto nunca antes en Lima.

 

La intervención en el noviciado San Antonio Abad.

A las 4 de la mañana se dirigió la comisión desde el palacio del virrey, con una «compañía de artilleros y bombarderos» de sesenta hombres, al mando del capitán Fermín Lizarazo y el sargento mayor marqués de Salinas. En menos de diez minutos recorrieron las diez cuadras que medían entre la Plaza Mayor y el noviciado. En total fueron 38 religiosos los intervenidos. Acto seguido, el oidor Messía y Munive requirió al rector Doncel para que dijese qué religiosos se hallaban empleados fuera del noviciado. El padre Doncel dio los nombres del hermano Andrés Seyán, chacarero, y del hermano Simón García, trapichero de la hacienda Santa Beatriz. Pero añadió que en la hacienda de San Jacinto (en Santa), distante 90 leguas de Lima, se hallaban los hermanos Juan Díaz y Natal Misio (o Michi), trapichero; en la hacienda San José, contigua a San Jacinto, estaba el hermano Antonio Barrera, y en la hacienda (no de cañaveral sino de viña) llamada Motocachi (provincia de Santa) se hallaba el padre Baltasar Márquez. Además, el padre Doncel nombró a cuatro sir vientes o «donados» (Marcos, Sebastián, Pedro, Antonio), que llevaban sotana; y algunos negros esclavos. Solamente entonces el escribano Manuel Meneses recibió la orden de dar lectura al «Real De creto, su fecha en El Pardo a 27 de fe brero de dicho año, en que S. M. ordena el extrañamiento y expulsión de los padres jesuitas. Y enterada la dicha Comunidad de su contexto, dijo el Padre Rector que se conformaba con la Real Resolución, y que estaba pronto a obedecer con su mayor rendimiento y su misión las órdenes y mandatos de su So be rano. Y esto mismo dijeron los demás reli giosos expresando ser leales vasallos de S. M.».

Todos sacaron sus jergones, «mudas de ropa, cajas, pañuelos, tabaco, chocolate y utensilios de aseo», así como los breviarios y libros de devoción. En los carruajes que ya estaban aguardando en la puerta del noviciado, 14 jesuitas fueron conducidos al Colegio de San Pablo, y permanecieron en la casa de formación única mente el padre Sestier, administrador de la chacarilla de San Bernardo, el hermano José Orobia, procurador, el hermano Georg Spörer, panadero, y el her mano Jaime Quin tana, encargado de la ropería (a fin de que de volviese la ropa civil a los novicios). Ante estos, reunidos luego en el domicilio particular del fiscal Diego de Holgado, les preguntó el magistrado que con toda libertad dijesen cuál camino querían seguir. Como los jóvenes no tenían todavía ningún vínculo canónico que los ligase con la Compañía de Jesús, la mayor parte regresaron a sus casas.

Así terminó la primera diligencia de la ocupación del Noviciado de San Antonio Abad el 9 de se tiembre de 1767. En los días subsiguientes al allanamiento dictado por Amat, la comisión presidida por el oidor Messía Munive procedió al inven tario del inmueble (que es hoy la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos). El voluminoso inventario fue publicado en 1956 por don Luis Antonio Eguiguren, que fue director del Archivo Nacional y llegó a ser presidente de la Corte Suprema de la República. Del inventario de San Antonio Abad conviene destacar la relación completa de los libros de la biblioteca. Allí están indicados nada menos que 3.563 títulos y 4.961 volúmenes, y no solo de tema teológico o religioso sino también obras de filosofía, literatura griega, latina y castellana. Vemos señalados libros de Horacio, Virgilio, Cicerón, Aulo Gelio, Tito Livio, Juvenal, Terencio; la «vida» de fray Martín de Porres por Medina, cuando el lego mulato aún no había sido beatificado; la His toria del Perú y de la Florida por Garcilaso Inca de la Vega, en tres tomos en folio.

 

El destino final de los jesuitas expulsos

Por las vías del Cabo de Hornos o Panamá, los expulsos partieron al Puerto de Santa María (España), entre octubre 1767 y julio 1769. El 29 de octubre de1767 se embarcaron en el navío El Peruano 181 jesuitas, entre sacerdotes, estudiantes y coadju tores. La primera etapa duró 32 días hasta Valparaíso, donde subieron al barco 24 jesuitas de Chile. El segundo grupo de desterrados salió del Callao el 15 de diciembre de 1767 en la Balandra de Otaegui, pero el navío siguió esta vez la ruta de Panamá, con tras bordo hacia Cartagena. De allí a La Habana, continuando el penoso viaje, para concluir en Cádiz el 23 de noviembre de 1768: 92 días había durado la travesía de este tramo atlántico. A las dos anteriores expediciones se sumaron otras dos: una con 120 jesuitas, que salió del Callao en el navío Santa Bárbara el 26 de marzo de 1768. La otra, el 24 de abril, a bordo de El Prusiano, que zarpó del Callao tomando la peligrosa y pesada ruta del Cabo de Hornos, con ochenta jesuitas de la provincia del Perú. La mayor parte de los exiliados fueron a parar a los Estados Pontificios. Los españoles y criollos fueron enviados a Ferrara, lugar asignado a la provincia del Perú, y los demás, a sus respectivas provincias. Muchos pidieron la dispensa de sus votos, sobre todo los estudiantes, como fue el caso de Juan Pablo y Anselmo Viscardo y Guzmán. El Papa Clemente XIV (Ganganelli), presionado por las cortes borbó nicas y en particular por el embajador español Moñino, declaró extinguida la Compañía de Jesús por el breve Dominus ac Redemptor, del 21 de julio de 1773.

Fiándose de las promesas del gobierno español de permitir el regreso a sus países de origen a los que salieran de la Compañía de Jesús, abandonaron ésta 91 sacerdotes, 43 escolares y 28 hermanos de la provincia del Perú, casi todos criollos. En el momento de la supresión de la Compañía de Jesús (1773), los jesuitas de la provincia del Perú eran aún 99 sacerdotes y 39 hermanos.

Permitido el regreso de los antiguos jesuitas a España y a las colonias de América entre 1798 y 1799, muchos lograron llegar a España, sobre todo a Barcelona y Cádiz, desde donde enviaron en vano a Madrid sus peticiones de regresar al virreinato. En la Biblioteca de la Historia y en el Archivo Histórico Nacional de Madrid se conservan solicitudes de retorno a Lima, Huancavelica, Moquegua, Arequipa, La Paz y Cochabamba.

Por real cédula de 1769, ejecutada por Amat a través de la Junta de Temporalidades, el local del noviciado sirvió para el nuevo Colegio o Convictorio de San Carlos, sobre la base de los antiguos colegios de San martín (jesuita) y Real de San Felipe. En la segunda mitad del siglo XIX, el edificio fue cedido a la Universidad de San Marcos. El templo de San Carlos, convertido en 1924 en Panteón de los Próceres, depende del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú (Ministerio de Defensa).”